En comunicación con este medio, diversos acreedores laborales de la empresa Agropucalá SAA., denunciaron que José Patricio Burga y Roberto Carlos Cabrejos Alarcón, vienen realizando una serie de publicaciones falsas con el objetivo de entorpecer un proceso constitucional de amparo que un acreedor laboral domiciliado en Lima interpuso ante el Juzgado Civil Transitorio de Lurigancho – Chaclacayo.
“Han quejado maliciosamente a un Juez para tratar de entorpecer el correcto funcionamiento de la Justicia. Este modus operandi es bastante conocido por estos personajes que públicamente están vinculados a una organización criminal que está siendo investigada en dos carpetas fiscales como demostraremos más adelante”. De este modo iniciaron su alocución los acreedores laborales con este medio.
En está línea, rechazaron que José Patricio Burga Peralta hable en nombre de los acreedores laborales, dado que dicho personaje se desempeñó como Jefe de Remuneraciones de la ex administración judicial de Agropucalá SAA., llegando a adeudarles más de ochenta (80) quincenas por concepto de remuneraciones.
“El señor José Patricio Burga Peralta no puede hablar en nombre nuestro, porque está comprometido con la ex administración judicial de Agropucalá SAA., que actualmente viene siendo investigada por Crimen Organizado en las Carpetas Fiscales N° 046-2018 y 09-2022 ante la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque”, indicaron los acreedores laborales.
Asimismo, exhortaron a las autoridades judiciales a no dejarse sorprender por José Patricio Burga Peralta, a quien acusan de ser uno de los responsables de la falta de pago de más de ochenta (80) quincenas que los trabajadores dejaron de percibir mientras dicho personaje se desempeñaba como Jefe de Remuneraciones de la ex Administración Judicial liderada por Paulina Ventura Zapa y Yolanda Pérez Arrascue.
En el mismo sentido, acusaron a José Patricio Burga Peralta, Roberto Carlos Cabrejos Alarcón, Apolinar Tantalean Mori y al abogado Wilfredo Chero Villegas de denunciar falsamente un supuesto ruleteo de demandas. Al respecto señalaron: “Es de público conocimiento que don Juan Saul Vera Timoteo vive en Lima. ¿Por qué no quieren que demande en su domicilio actual?”.
“Saludamos que don Juan Saúl Vera Timoteo se haya atrevido a demandar la nulidad de las resoluciones que ilegalmente ha venido emitiendo el Ministerio de Trabajo. Esperamos que la Justicia revise el fondo del asunto, y no se deje sorprender por las publicaciones que tienen por objetivo perturbar la correcta administración de justicia”, señalaron los acreedores laborales.
Argumentaron su posición señalando a las personas que actualmente están cuestionando la competencia del Juzgado Civil Transitorio de Lurigancho – Chaclacayo, estarían implicadas dentro de la estructura de la organización criminal que actualmente viene investigando la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, motivo por el cual ampliarán la denuncia correspondiente ante dicha fiscalía por dichas actuaciones.
“José Patricio Burga, como ya dijimos, fue el jefe de remuneraciones de la ex administración judicial que además de estar siendo investigada por el delito de organización criminal, es responsable de adeudarnos ochenta (80) quincenas. Apolinar Tantalean Mori es suegro de Gustavo Bustamante García, exgerente Administrativo de Agropucalá SAA, también investigado por Crimen Organizado en las carpetas fiscales mencionadas. Wilfredo Chero Villegas es un abogado que fue sentenciado por el delito de usurpación en agravio de la azucarera Chucarapi, manteniéndose prófugo de la justicia hasta que el delito prescribiera. Como verá, estas personas han estado y están comprometidas con la justicia”, acotaron los acreedores laborales.
Reiteraron el llamado a las autoridades del Poder Judicial a fin de no dejarse sorprender por dichas personas, y exhortaron que los temas de fondo planteados en la demanda constitucional de amparo sean debidamente analizados.
Finalmente señalaron que “El Poder Judicial no puede ceder a su rol de administrar justicia sólo porque a un grupo de personas, de comprobada vinculación con una organización criminal, ejercen presión mediática a través de determinados medios de prensa”.
